En un momento como el actual, en el que
la Corona asegura que todos somos iguales ante la ley y que todas las personas que ostentan
cualquier responsabilidad pública deben tener una conducta intachable; y en
el que desde la clase política se defiende que las administraciones públicas
deben ser transparentes y articular medidas de ahorro en el gasto público, que
deben evitarse las duplicidades administrativas y, para ello, los empleados
públicos deben tener actitudes de participación y esfuerzo en su trabajo y que,
a los efectos de una mejor eficacia y eficiencia se ha de producir una reasignación
de efectivos para eliminar recursos humanos públicos de aquellas áreas excedentarias
y complementar las deficitarias. En un momento como éste, decimos, en el que
existe en nuestro ordenamiento una ley de Contratos de las Administraciones Públicas
que, con acierto, viene a establecer que cualquier trabajo que pueda realizarse
en el ámbito interno no será externalizado, los comités de empresa de la consejería
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda en ambas provincias (Santa
Cruz de Tenerife y Las Palmas) se dirigen a los medios de comunicación para
denunciar la verdadera situación que vivimos como personal de la
administración de la comunidad autónoma de Canarias.
Durante los últimos meses, un equipo de empleados públicos comenzó a llevar a
cabo una idea gestada por ellos mismos consistente en establecer un mapa de
cuantos recursos existen a disposición de las familias numerosas en Canarias,
los de aplicación procedentes del estado, de la comunidad autónoma y de los
distintos municipios, así como también la posibilidad de establecer convenios
con comercios y empresas que ofrezcan ventajas económicas a dichas familias a
través de programas de colaboración beneficiándose, así, ambas partes.
Se trata, pues, de un trabajo que se
venía realizando en el ámbito interno de la administración, a coste cero y a
iniciativa de los empleados públicos, para beneficio de las familias numerosas y que, de pronto, es encargado a un tercero
ajeno a la administración a través de un contrato menor externo por importe de 18.000€
procedentes de las arcas públicas. Todo ello, con las siguientes singularidades.
El artífice de esta maniobra es el Ilustrísimo
director general de Protección del Menor y de la Familia, don José Gilberto
Moreno García, vecino del municipio de Arucas, quien; para hacer el trabajo que
ya venían realizando los empleados públicos a coste cero, contrata en
silencio al autónomo don Antonio Joaquín Medina Quesada, casualmente también
vecino de Arucas.
Por su parte, el autónomo beneficiario
del contrato, para poder llevarlo a cabo, solicita a los propios empleados públicos que aporten los datos
sobre familias numerosas al tiempo que les ofrece a estos mismos empleados un
curso sobre la materia que llevan gestionando en la propia comunidad autónoma
desde que se constituyó como tal.
A todo esto hay que sumar que el citado vecino de Arucas que es
beneficiado por este contrato resulta tener el mismo nombre y apellidos que un candidato en los últimos comicios al Cabildo Insular de Gran Canaria
por Coalición Canaria. Justo el mismo partido que el director general.
En conclusión, estos comités de empresa consideran que nos encontramos ante un claro
ejemplo de:
- Cómo se ensucia la administración pública y de cómo se pudre a un partido político.
- Cómo se producen gastos injustificados
e innecesarios
con cargo a las arcas públicas en un caso de duplicidad "amiga".
- Una evidente e intencionada falta de
transparencia, y una burla de los
empleados públicos, a los que se les pide tener iniciativa en su labor como
tales para utilizar luego los frutos de su trabajo en
beneficio de un tercero (y en beneficio del amiguismo en el
seno de las
administraciones públicas), lo que viene a suponer, también, una
burla del
pueblo al que se le pide esfuerzos y responsabilidad en momentos
tan delicados
como el actual.
Como representantes de los trabajadores, nos
preguntamos si acciones individuales como éstas no terminarán por romper la ya deteriorada imagen que la ciudadanía
tiene de los partidos políticos.
Por último, queremos
señalar que, como es costumbre en
estos casos, probablemente nos pretendan intimidar acusándonos de revelar secretos de trabajo, supuestos secretos que no lo
son, pues:
- En primer lugar, la información que trasladamos es de interés general por cuanto afecta a la
ciudadanía. Precisamente, esa falta de transparencia con perjuicio para las arcas públicas la hace
de interés general.
- En segundo lugar, nuestra
obligación como empleados públicos es denunciar este tipo de prácticas e impedir que, precisamente al
amparo del .secreto
de trabajo, se lleven
a cabo con toda impunidad.
- y en tercer lugar, porque estamos en una administración pública que ellos mismos (la clase política) dicen que debe
ser transparente. Queda claro, pues, que pretenden vulnerar en secreto las
normas que ellos mismos dictan y, además, que seamos partícipes de ello.
Como empleados públicos no sólo no
vamos a ser partícipes de estas actuaciones sino que con esta denuncia queremos
asegurar a la ciudadanía que no tenemos nada que ver con este tipo de actitudes.
En consecuencia, y como respuesta responsable, los comités de empresa de ambas
provincias han acordado realizar la presente denuncia pública, y hemos elevado a cada uno de los
sindicatos que los componen una consulta a sus servicios jurídicos a los efectos
de estudiar si se da traslado de éste y otros hechos, de igual o peor corte, a
la Fiscalía Anticorrupción.
Por último, los hechos que denunciamos, agravados por la especial complicación de
la actual
situación socio-económica
en nuestras islas, requieren
la exigencia de la inmediata dimisión o destitución del actual director general de Protección del Menor y de la Familia
por cuanto que el tipo de actitudes que denunciamos ensucian la función pública
en particular, defenestra cualquier partido político en general y, en consecuencia,
ponen en peligro el actual estado de derecho.
Asimismo, hacemos un llamamiento a todos los comités de empresa, juntas de personal
y representantes de los trabajadores para que se sumen a denunciar este tipo de
acciones de las que no debemos ser partícipes con nuestro silencio. No. podemos permitir que actitudes como la que aquí
denunciamos nos desprestigien como empleados públicos. No permitamos, en un momento como éste, ni en cualquier otro, lo que algunos califican como "minucias"
Nos
encontramos ante una nueva vuelta de tuerca en el recorte de derechos
laborales, que no privilegios, de los empleados y empleadas públicos/as del
Gobierno de Canarias, después de 2 bajadas del 5%, otra del 7% que supuso
quitar la paga extraordinaria de diciembre y la congelación en los salarios.
Esta vez aplicando una discriminación total del personal, ya que se ha
realizado un nuevo recorte del 20% de salario y jornada a los trabajadores y
las trabajadoras no fijos (funcionarios/as interinos/as, laborales temporales y
laborales indefinidos). 
